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Parece que poco a poco se acerca la realidad laboral de la jornada de 37,5 horas, toda vez que ha sido aprobada en el Consejo de Ministros durante día de ayer.

Con ella, se busca mejorar la conciliación laboral y reducir el absentismo en nuestro país, según ha comentado la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Lo conseguirá?

Eso sí, la medida no cuenta con el apoyo de la patronal ni con la mayoría del Congreso, por lo que parece que tiene varios frentes abiertos. Esta sigue mostrándose muy crítica con la imposición por ley de la reducción de la jornada y continúa advirtiendo de los efectos negativos que, en su opinión, tendrá esta medida sobre la economía y el empleo, especialmente en las pymes.

"Hoy esta norma avanza en una España que va a ser mejor. Hoy modernizamos las empresas españolas y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz. Esta norma cambia la vida de la gente. Afecta a 12,5 millones en todo el país. No hay retorno, no hay vuelta atrás. No trabajamos en España como en el año 83, afortunadamente, el mundo ha cambiado y mucho", ha dicho la ministra.

La norma fue consensuada en diciembre entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC.OO. y UGT, tras un año de negociaciones. Estaba previsto que se aprobase en segunda vuelta (con la incorporación de los dictámenes preceptivos y consultivos) el pasado martes, si bien el apagón obligó al Ejecutivo a posponer la decisión.

La norma reformula también el control horario, reforma que se deberá tener lista en 6 meses desde la entrada en vigor de la ley. El registro horario será digital y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador. Será obligatorio que los trabajadores practiquen los asientos de forma personal y directa.

El proyecto de ley incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital para que ningún trabajador tenga que responder a un mail o a una llamada fuera de su jornada.

Trabajo quiere que la norma esté en el BOE lo antes posible para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación. Según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales en media anual tendrán hasta el 31 de diciembre para adaptarse a las 37,5 horas. De acuerdo con el proyecto de ley, se multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada.

Primera reducción de la jornada laboral desde 1983

La norma establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales (la actual, vigente desde el año 1983, es de 40 horas). 

La ministra de Trabajo y Economía Social ha argumentado, igualmente, que la productividad ha crecido en España un 53% mientras que la remuneración real de los asalariados solo ha aumentado un 22%.

La reforma, según ha detallado la vicepresidenta segunda, beneficia a 12,5 millones de personas trabajadoras, de las que 10,5 millones lo son a tiempo completo y 2 millones a tiempo parcial. Entre los trabajadores a tiempo completo, el 60,5% de los beneficiarios son hombres, mientras que en el caso del trabajo a tiempo parcial el 75,3% de quienes verían reducida su jornada laboral son mujeres.

Por sectores, más de la mitad de los beneficiarios de la reducción se encuadran en cuatro sectores: comercio, industria manufacturera, hostelería y construcción. La vicepresidenta segunda ha apuntado que precisamente en esos ámbitos los márgenes empresariales han crecido por encima de la media en los últimos años. En la hostelería, por ejemplo, los márgenes han aumentado un 105% desde el año 2009 y un 35% desde 2019.

Por comunidades autónomas, el mayor número de beneficiarios de la reducción de la jornada corresponde a Cataluña, Madrid y Andalucía, que suman más de 6 millones de trabajadores, seguidas por Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.

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