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Desde la aprobación del Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act, la Unión Europea ha reforzado el control legal sobre los sistemas de Inteligencia Artificial, especialmente aquellos que afectan directamente a los derechos fundamentales de las personas.

El reglamento, de aplicación directa en España desde julio de 2024, clasifica los sistemas de IA utilizados en la selección de personal como "de alto riesgo", al tratarse de decisiones que pueden influir en el acceso al empleo. Esto implica requisitos legales muy estrictos:

- Transparencia en los algoritmos

- Supervisión humana

- Evaluaciones de impacto

- Trazabilidad en el proceso

Cualquier empresa que no cumpla con estas condiciones podría enfrentarse a sanciones económicas de hasta 40 millones de euros o el 7% de su facturación global. Este marco se aplica tanto a grandes corporaciones como a pequeñas y medianas empresas que usen IA para automatizar procesos de contratación, incluso en fases iniciales como el análisis de CV.

Una regulación pionera para un uso ético de la IA

El objetivo del AI Act es doble: garantizar que la Inteligencia Artificial se desarrolle de forma ética y segura, y evitar cualquier tipo de discriminación o sesgo automatizado que afecte a los candiadtos. Además se alinea con otras normativas europeas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con el Convenio Marco sobre IA y Derechos del Consejo Europa, firmando también en 2024.

"Más allá del cumplimiento legal, la implementación responsable de IA en RRHH exige una revisión profunda de los procesos internos, desde la formación de los equipos hasta la elección de herramientas compatibles con la normativa. La transparencia, la trazabilidad y la intervención humana ya no son opcionales; son condiciones obligatorias para garantizar una IA centrada en las personas", afirma Marcelo Dos Reis, CEO de Grupo SPEC, experto en control horario y de accesos.

¿Cómo se posiciona España frente a esta nueva regulación?

Aunque el Reglamento de Inteligencia Artificial se aplica de forma directa en todos los Estados miembros, la capacidad de adopción varía según el grado de digitalización y tamaño de las empresas. En el caso de España, la existencia de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el crecimiento del ecosistema tecnológico favorecen una adopción ágil en grandes compañías. No obstante, muchas pymes aún no disponen de los recursos técnicos o del conocimiento normativo necesario para implementar sistemas de IA cumpliendo con todas las exigencias legales. En este contexto contar con partners tecnológicos expertos, es clave para asegurar un uso responsable y legal de la inteligencia artificial en la gestión de personas.

"El uso de inteligencia artificial en la selección de personal es una gran oportunidad para modernizar los procesos de contratación. No obstante, también es un arma de doble filo si no se gestiona correctamente. Cumplir con el nuevo marco normativo europeo es ahora un imperativo para todas las organizaciones que quieran apostar por la tecnología de forma segura, ética y legal", concluye Dos Reis.

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