Un reciente estudio revela una profunda brecha entre la seguridad percibida por las compañías en sectores regulados y su verdadera dependencia tecnológica. Ante esta vulnerabilidad, el 88% de las organizaciones en España ya planea la 'geopatriación' de sus datos.
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En la actual economía digital, la información fluye constantemente, pero ¿está realmente bajo control? En sectores altamente regulados y críticos para la sociedad (como la banca, la sanidad o el sector público) existe una peligrosa discrepancia estructural: las organizaciones creen tener sus comunicaciones por correo electrónico bajo llave, pero la realidad operativa y la dependencia tecnológica demuestran exactamente lo contrario.
Así lo constata un reciente estudio impulsado por la firma tecnológica Retarus, en colaboración con Researchscape, que analiza el panorama corporativo en España, Francia y Alemania. Los datos evidencian un exceso de confianza: aunque el 65% de las entidades reguladas en nuestro país afirma tener un control absoluto sobre sus flujos de email, la verdad es que un 33% sigue atado a proveedores extracomunitarios.
Esta externalización fuera de las fronteras europeas no es un asunto menor; de hecho, casi seis de cada diez empresas españolas (58%) reconocen que es muy probable que su información confidencial corra el riesgo de quedar expuesta a leyes extraterritoriales, escapando así a su control.

Ante las crecientes tensiones geopolíticas y la enorme presión normativa, la soberanía del dato ha dejado de ser un término puramente técnico para convertirse en una máxima prioridad estratégica y de infraestructura. Hoy, el 94% de las compañías españolas lo ve como una prioridad que interpela directamente a la alta dirección, y el 100% de los encuestados en nuestro país (frente al 94% de la media europea) lo considera un factor de criba innegociable a la hora de elegir un proveedor.
Como respuesta a esta vulnerabilidad silenciosa, el 88% de las compañías nacionales tiene previsto acometer un proceso de 'geopatriación' de su información durante los próximos 18 meses, un esfuerzo de relocalización tecnológica que supera en seis puntos la media europea (82%).
El análisis también arroja luz sobre un problema de fondo en la gestión del talento y los recursos técnicos: la falta de autonomía real. La sofisticación de las arquitecturas informáticas actuales ha provocado que el control operativo sea, en el mejor de los casos, parcial. En España, las cifras son reveladoras:
- Apenas un 55% de las organizaciones puede aplicar sus políticas y procesos de correo electrónico de forma totalmente autónoma (por debajo del 61% europeo).
- Menos de la mitad, un preocupante 39%, es capaz de gestionar o migrar sus propias cuentas sin requerir la asistencia directa de su proveedor.
Esta falta de agilidad choca frontalmente con el endurecimiento de normativas de alcance europeo, como las recientes directivas NIS2 y DORA. En este nuevo marco regulatorio, la transparencia y la rapidez en la presentación de informes son innegociables para superar las exigentes auditorías.
Pese a que la inmensa mayoría de las empresas españolas (94%) considera crucial recibir información transparente y datos de seguimiento de sus proveedores, la dependencia tecnológica real ralentiza los tiempos de reacción: solo el 35% está verdaderamente preparado para responder de manera inmediata a una solicitud de auditoría, situándose seis puntos por debajo de sus homólogos en Europa.
En este contexto donde la innovación y la protección deben ir de la mano, los directivos se enfrentan al reto de reevaluar urgentemente sus alianzas tecnológicas para recuperar la gobernanza de su información.
"Para evaluar de forma concreta su grado de control, las empresas deben plantearse la importancia de la soberanía para su organización y cómo influye en la elección de sus proveedores en materia de seguridad del correo electrónico", explica Yeray Fraga, director General de Retarus España. "Analizando cuestiones como el riesgo jurídico, la extraterritorialidad digital, el control operativo, la capacidad de auditoría y la dependencia de los proveedores, pueden cubrir el mayor número posible de puntos ciegos estratégicos y reducir las dependencias".
En definitiva, en el actual ecosistema empresarial, proteger las comunicaciones ya no es solo cuestión de tener el mejor software, sino de garantizar que la infraestructura subyacente asegure la total independencia y soberanía sobre el mayor activo de la empresa: sus datos.
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