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La gestión de la movilidad corporativa ha pasado de ser una opción en las políticas de responsabilidad social a convertirse en un imperativo legal de primer orden. La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible (LMS, Ley 9/2025) ha situado los desplazamientos al centro de trabajo en el núcleo estratégico de los departamentos de Recursos Humanos. Según los datos de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo, más de 6.000 compañías en España deberán implantar de forma obligatoria un Plan de Movilidad Sostenible en la Empresa.

Esta exigencia afecta a todas aquellas organizaciones que cuenten con más de 200 empleados o más de 100 por turno. Además, la normativa especifica que dicho plan debe ser negociado con la representación legal de los trabajadores e integrado formalmente en el convenio colectivo correspondiente.

El impacto del RDL 7/2026: margen de maniobra reducido a la mitad

Aunque la LMS preveía inicialmente un margen de dos años para la adaptación de las organizaciones, la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2026 ha modificado de forma sustancial el calendario al recortar el plazo de transición a tan solo un año. Con este ajuste, la fecha límite para cumplir con la legislación queda fijada para el próximo 5 de diciembre.

Los Planes de Movilidad Sostenible que deben presentar las empresas exigen una cobertura integral que abarca:

Trayectos cotidianos: Desplazamientos de la plantilla desde sus domicilios hasta el centro de trabajo.

Flujos externos: Movilidad generada por clientes, visitas y proveedores.

Actividad corporativa: Desplazamientos derivados del funcionamiento general de la compañía.

Capacitación y prevención: Implementación de acciones formativas en materia de movilidad, seguridad vial y prevención de accidentes laborales.

En cuanto a su gobernanza, las empresas estarán obligadas a revisar estos planes como mínimo cada cinco años, así como a elaborar y presentar un informe de seguimiento de las medidas implementadas cada dos años.

Una respuesta regulatoria alineada con las demandas del talento

La aplicación de esta normativa coincide con una transformación en las preferencias de desplazamiento de los profesionales. De acuerdo con el informe 'Claves del nuevo equilibrio laboral: tendencias y retos 2026', elaborado por la firma especializada en beneficios y engagement Pluxee, el transporte público colectivo se consolida como la opción prioritaria:

El 35% de los empleados utiliza el metro o el tranvía para acudir a su puesto de trabajo.

El uso del autobús alcanza ya al 28% de los trabajadores, registrando un incremento continuado frente al 25% contabilizado en 2024.

En el mercado laboral actual, las políticas ESG actúan además como un vector decisivo en la atracción y fidelización de profesionales. Un 62% de los empleados sitúa la sostenibilidad como un criterio relevante a la hora de decidir su incorporación o permanencia en una organización.

En este contexto, las soluciones de movilidad son la medida más demandada: el 61% de los trabajadores solicita expresamente recibir incentivos para la movilidad sostenible, lo que representa un crecimiento de 5,3 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, la brecha entre demanda y oferta aún es amplia, ya que hasta la fecha solo el 27% de las empresas cuenta con estos incentivos, un escenario que cambiará de forma drástica antes del 5 de diciembre.

Vías operativas para el cumplimiento: el papel de la Tarjeta Transporte

Para facilitar la adopción de estas medidas, la propia Ley de Movilidad Sostenible reconoce de forma explícita la inclusión de la tarjeta transporte dentro de los planes corporativos con el objetivo de fomentar el uso de la red pública.

Herramientas como Pluxee Transporte permiten a las organizaciones dar respuesta a la obligación normativa optimizando la gestión de recursos. A través de este sistema, las plantillas pueden adquirir títulos y abonos en cualquier medio público colectivo (metro, autobús, tren o tranvía).

A nivel de estructuración salarial, las compañías y los trabajadores pueden articular esta solución bajo tres modalidades dentro del Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo:

- Como complemento al salario bruto.

- Como parte de la retribución flexible, aprovechando una exención fiscal que alcanza hasta 1.500 euros al año por empleado.

- Mediante un modelo híbrido que combine ambas opciones.

Este tipo de soluciones operativas permite a las organizaciones cumplir con el marco legal a tiempo sin necesidad de incurrir en inversiones en flotas de vehículos propias, maximizando el rendimiento de las infraestructuras de transporte público ya existentes.

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