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Esta medida, que estaba prevista para entrar en vigor en octubre de 2022, fue aplazada por el Gobierno para dar más tiempo a las empresas e instituciones afectadas a adaptarse a la nueva situación.

El coste de la medida está bonificado al 95%, por lo que el impacto económico para las empresas será reducido. Sin embargo, algunas compañías, por falta de preparación, temen no ser capaces de gestionar la nueva situación. Además, se establece que la realización de prácticas es compatible con el cobro de la prestación por desempleo.

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, confirmó que no habrá más prórrogas y que la cotización de los becarios entró en vigor el 1 de enero.

La prórroga amplió la retroactividad de la medida, permitiendo que cualquier persona que haya realizado prácticas no laborales entre 2019 y 2023 incorpore ese período a su cotización, previa solicitud a la Seguridad Social.

Aunque la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se opuso inicialmente a este cambio en la situación de los becarios, los sindicatos respaldaron la medida, y la patronal CEOE no la rechazó al no representar un costo excesivo para las empresas. Sin embargo, algunas autoridades académicas han mostrado resistencia, argumentando que no tiene sentido cotizar a la Seguridad Social por prácticas curriculares que forman parte de la formación del estudiantado.

En resumen, la entrada en vigor de esta medida supondrá un cambio importante para los estudiantes en prácticas. A partir de este mes podrán acceder a una mayor protección social, como el acceso a la jubilación, la incapacidad laboral o la prestación por desempleo. Además, la medida les ayudará a adquirir una mayor experiencia laboral y a mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo.

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