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La Organización de Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional mostraban hace unos días su preocupación ante las repercusiones económicas que puede traer el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en un contexto financiero internacional que todavía se está recuperando del impacto del COVID-19. Una de las consecuencias de esta situación sería un posible aumento de la morosidad y los retrasos en los pagos, provocado por factores como el incremento de la inflación o el encarecimiento de los combustibles y otros productos y servicios básicos. En el caso de que estas previsiones se cumplieran, afectarían especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

A la hora de garantizar los pagos, todas las compañías, pero especialmente las más grandes por su dimensión y trascendencia, tienen una gran responsabilidad ética y social de asegurar que el abono de facturas pendientes a las entidades de menor tamaño llegue a tiempo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 71% de empresas españolas afirma que no suele pensar en las consecuencias que sus retrasos en los pagos pueden tener sobre los negocios más pequeños.

Tal y como muestra el análisis realizado por la compañía líder en servicios de gestión de crédito y activos, de entre los 29 países europeos analizados, España estaría dentro del top 10 de mercados menos conscientes del impacto de los impagos en las entidades de menor tamaño.

A pesar de esta posición de desventaja, se trata de una opinión no muy alejada de la media europea, con un 69% de empresas con esta apreciación, o a la de países como Alemania (70%), Italia (70%) o Francia (69%). Por su parte, los mercados más concienciados con esta situación son Reino Unido (61%), Austria (65%) y Bulgaria (65%).

Casi el 50% de las pymes se está viendo afectado por el retraso en los pagos de grandes clientes

Entre las consecuencias que sufren las pequeñas y medianas empresas a consecuencia de este retraso en los pagos, destacan: la imposibilidad de contratar nuevos empleados (42%) o crecer (35%), la pérdida de ingresos (31%), el despido de trabajadores (31%) o, directamente, una amenaza real a su supervivencia (30%). Unas circunstancias que podrían estar afectando a casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas por culpa de la falta de concienciación por parte de las grandes corporaciones, ya que, según los datos de Intrum, el 44% de las pymes se ha visto obligado a ampliar los plazos de pago con clientes de gran tamaño.

Afortunadamente, parece que el entramado empresarial europeo comienza a tener presente el papel crucial que juegan las grandes corporaciones en la prevención de la morosidad y la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Actualmente, el 70% de las entidades españolas considera que las grandes corporaciones tienen la responsabilidad social de garantizar que pagan a tiempo a los pequeños negocios. Una opinión muy similar a la media europea (69%) y a algunas de las principales economías como son Francia (71%), Alemania (69%), Reino Unido (67%) o Italia (67%).

Estas cifras demuestran que, en un contexto como el actual, es más importante que nunca que todo el ecosistema empresarial se conciencie de la importancia de ser responsables con los plazos de pago para ayudar a la estabilidad y solvencia del resto de empresas. Especialmente, si se tiene en cuenta que las pequeñas y medianas compañías constituyen el 99 % de las entidades europeas y españolas.

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