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La contratación pública en España movilizó 113.462 millones de euros sin IVA en 2025, distribuidos en más de 201.000 licitaciones. Pero ese volumen no fluye de manera uniforme por el territorio. Y es que un análisis elaborado por Licitaciones.io, plataforma especializada en monitorización de la contratación pública, pone cifras a una realidad que pocas veces se debate: cinco comunidades autónomas absorben el 74% del volumen total licitado en el país. 

Con 38.701 millones de euros y 46.703 licitaciones, la Comunidad de Madrid encabeza el ranking autonómico. A primera vista, concentraría el 35% del gasto público nacional. El problema es que ese dato esconde una distorsión de primer orden: 28.004 millones corresponden a organismos del Estado central con sede jurídica en Madrid, como ADIF, RENFE, Aena, TRAGSA o los distintos ministerios, cuyos contratos se ejecutan en toda España.

"Madrid aparece primera en casi todos los rankings de contratación pública, pero cuando separamos lo que genera la propia comunidad de lo que acumula por ser la sede del Estado, el mapa cambia radicalmente; es un sesgo que conviene entender antes de tomar decisiones comerciales", explica Alejandro Navas, portavoz de Licitaciones.io. 

Sin ese efecto AGE (Administración General del Estado), Madrid bajaría hasta la tercera posición, con 10.697 millones, por detrás de Andalucía (16.054 millones) y Cataluña (13.229 millones). Madrid, Andalucía y Cataluña acumularon conjuntamente 67.984 millones de euros, el 61% del total nacional. País Vasco (7.256 millones) y Comunidad Valenciana (7.191 millones) completan el bloque de las cinco primeras comunidades, que en conjunto representan el 74% del volumen licitado en España.

País Vasco gasta el doble por habitante

Cuando el análisis mide el gasto por habitante, excluyendo el efecto AGE, el mapa vuelve a transformarse. País Vasco lidera con 3.236 euros por habitante, el doble de la media nacional (1.700 €/habitante) y casi seis veces más que Murcia (552 euros).

La razón se encuentra en que los territorios forales recaudan sus propios impuestos y transfieren un cupo al Estado, lo que les otorga una capacidad inversora muy superior al resto. Navarra, con 1.807 euros por habitante, sigue el mismo patrón. 

"El régimen foral no es solo una cuestión administrativa, es una ventaja competitiva para las empresas que operan en esos territorios. Más autonomía fiscal significa más presupuesto propio y, en consecuencia, más contratos públicos por ciudadano", señala Navas.

Resoluciones, una disparidad nacional

No todas las administraciones resuelven sus procesos al mismo ritmo, y la diferencia entre las más ágiles y las más lentas es preocupante. Según los datos de Licitaciones.io, Castilla-La Mancha es la comunidad más eficiente con una mediana de 53 días desde la publicación hasta la adjudicación. Ceuta y Melilla la siguen de cerca, con 53 y 54 días respectivamente.

"Para muchas pymes, el tiempo de adjudicación es tan determinante como el volumen. Una empresa con recursos limitados no puede tener una oferta bloqueada durante un año sin saber si va a ganar el contrato. Eso es una barrera de entrada real, aunque no aparezca en ninguna norma", apunta Navas.

En el otro extremo, País Vasco alcanza una mediana de 156 días, más de cinco meses. Su media aritmética sube hasta los 357 días, señal inequívoca de que una cola de expedientes complejos arrastra los tiempos muy por encima de lo habitual. Cataluña, con 122 días de mediana, sigue un patrón similar.

Desiertos altos y poca competencia 

Asimismo, la región catalana lidera el volumen abierto con 14.224 millones y 13.896 licitaciones activas, pero con 4,2 licitadores de media por contrato es un mercado exigente. Andalucía, con 15.851 licitaciones abiertas (la cifra más alta del país) combina un tamaño de contrato accesible con una competencia moderada (3,6 licitadores de media), lo que la convierte en el territorio más equilibrado para empresas medianas.

Pero los datos más relevantes para quienes quieran entrar en el sector apuntan a tres comunidades concretas. Aragón (11,8% de contratos desiertos), Islas Baleares (10,8%) y Castilla y León (10,3%) acumulan las tasas más altas de expedientes que quedan sin ningún adjudicatario. Son territorios donde la demanda pública existe, pero la oferta empresarial no llega.

País Vasco presenta otro perfil interesante: 6.518 millones en contratos abiertos con solo 2,9 licitadores de media, el mejor ratio volumen-competencia del país, aunque con la particularidad de que su normativa foral de contratación exige un conocimiento específico del marco regulatorio autonómico.

"El mapa de la contratación pública no es plano. Hay comunidades donde el mercado está saturado y otras donde hay contratos que nadie cubre. Para una empresa que quiera crecer en el sector público, la elección del territorio es tan estratégica como la del sector", concluye el portavoz de Licitaciones.io.

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