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Las empresas afrontan la segunda mitad de 2026 con un calendario normativo en sostenibilidad que afecta a ámbitos como la inteligencia artificial, las afirmaciones ambientales, la trazabilidad de las cadenas de suministro y la presentación de información ESG.

El Pacto Mundial de la ONU España identificó en marzo diez cambios normativos que las organizaciones deberían tener en el radar durante este ejercicio. La guía aborda, entre otras cuestiones, la CSRD, la diligencia debida, la economía circular y las medidas frente al greenwashing.

Para Rut Ballesteros, experta en gestión ambiental, sostenibilidad, estrategia ESG e impacto social, el principal riesgo no reside solo en desconocer una norma, sino en reaccionar cuando el plazo ya está a punto de vencer.

«Muchas empresas siguen abordando la sostenibilidad como una sucesión de obligaciones aisladas. Crean un protocolo, recopilan datos o contratan una consultoría cuando aparece una fecha límite. Sin embargo, todas estas cuestiones forman parte de una misma forma de gestionar la empresa», explica.

Tres fechas clave

• El pasado 2 de agosto comenzaron a aplicarse nuevas obligaciones europeas de transparencia para determinados sistemas de inteligencia artificial. Entre otras medidas, debe informarse cuando una persona interactúa con una IA y debe identificarse cierto contenido generado o manipulado artificialmente. Más información en la Comisión Europea.
• Otro momento relevante llegará el 27 de septiembre de 2026, cuando empezarán a aplicarse las normas europeas destinadas a reforzar la protección de los consumidores frente a prácticas engañosas vinculadas a la transición verde. Las empresas deberán revisar expresiones ambientales genéricas y comprobar que sus mensajes, etiquetas y campañas cuentan con respaldo suficiente. La fecha y las medidas están recogidas en la Directiva (UE) 2024/825.
• El 30 de diciembre de 2026 comenzará a aplicarse el Reglamento europeo sobre productos libres de deforestación para grandes y medianos operadores, así como para determinadas microempresas y pequeñas empresas ya cubiertas por el Reglamento de la Madera. La norma afecta a materias primas como el ganado bovino, la madera, el cacao, la soja, el aceite de palma, el café y el caucho, además de diversos productos derivados. Puede consultarse la información actualizada en la Comisión Europea.

«No todas las normas afectan de igual manera a todas las organizaciones, pero prácticamente ninguna empresa puede permitirse ignorar la procedencia de sus materias primas, el uso que hace de la inteligencia artificial o las afirmaciones ambientales con las que presenta sus productos», señala Ballesteros.

Menos burocracia no significa menos responsabilidad

La simplificación de parte de la regulación europea ha modificado el alcance de algunas obligaciones de sostenibilidad. Sin embargo, quedar fuera de una exigencia directa no significa dejar de recibir solicitudes de información.

Las pymes que forman parte de cadenas de suministro siguen expuestas a los requerimientos de grandes clientes, entidades financieras, inversores, administraciones públicas y procesos de homologación.

«Una pyme puede no estar obligada a publicar una memoria de sostenibilidad y, al mismo tiempo, necesitar datos fiables para conservar un cliente, participar en una licitación o acceder a financiación», afirma Rut Ballesteros.

La experta recomienda comenzar por identificar qué normas afectan realmente a la empresa; asignar responsabilidades; revisar las comunicaciones ambientales; ordenar los datos ESG y trasladar los cambios a compras, operaciones, recursos humanos, marketing y dirección.

Este planteamiento conecta con la metodología que desarrolla en Sostenibilidad sin maquillaje, donde propone pasar del propósito a la gestión mediante decisiones, estructuras, indicadores y resultados verificables. La referencia al libro no plantea el cumplimiento como una campaña de imagen, sino como una secuencia: definir primero qué empresa se quiere ser, actuar después y comunicar únicamente aquello que puede demostrarse.

«La normativa es el marco, pero la gestión es la que determina el resultado. Cumplir sin propósito puede generar papeles; cumplir con propósito puede generar transformación», resume Ballesteros.

La adaptación normativa no debería entenderse solo como una vía para evitar sanciones. Conocer consumos, revisar proveedores, anticipar riesgos y respaldar los compromisos con datos también puede ayudar a reducir costes, mejorar la eficiencia y proteger la competitividad.

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