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La compañía IFS, experta en software e IA industrial, advierte de la necesidad de adoptar medidas inmediatas para hacer frente al reto de la nueva normativa que emerge sobre huella de carbono entre las empresas españolas.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 214/2025, España da un paso decisivo en su estrategia climática al establecer la obligación para las empresas de calcular anualmente su huella de carbono y elaborar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La medida afectará a las grandes compañías definidas por el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital (organizaciones con más de 500 empleados y consideradas de interés público) así como a la Administración General del Estado y sus organismos dependientes.
"A partir de 2026, las empresas deberán reportar los datos de 2025, lo que incluye las emisiones directas (alcance 1) e indirectas derivadas del consumo energético (alcance 2). Las emisiones de la cadena de valor (alcance 3) serán obligatorias a partir de 2028", comenta Gonzalo Valle, director de Preventa de IFS.
Además, los planes de reducción deberán fijar objetivos cuantificados a un mínimo de cinco años, en línea con la Ley Europea del Clima y la meta de neutralidad para 2050.
El impacto es considerable y se estima que más de 3.000 empresas españolas estarán obligadas a publicar esta información, lo que supone un salto en exigencia regulatoria respecto a la actual Ley 11/2018 de información no financiera. A escala europea, la Directiva CSRD ya amplió en 2024 de 11.000 a 50.000 las compañías obligadas a reportar sostenibilidad.
"El reto no es menor, los informes deberán ser verificables externamente, con metodologías homologadas y datos auditables", señala el experto en tecnología.
La Oficina Española de Cambio Climático habilitará un registro público donde se inscribirán las huellas de carbono y planes de reducción. Estos datos podrán influir incluso en la contratación pública, que podrá priorizar a las empresas con mejor desempeño climático.
Para las organizaciones, la gestión de la información se convierte en un factor crítico. Estudios recientes de McKinsey apuntan que estrategias ESG eficaces pueden incrementar los beneficios operativos hasta en un 60% gracias a la eficiencia y reducción de costes. Asimismo, la NYU Stern identificó que un 58% de las compañías que aplican métricas ESG obtienen correlación positiva con sus resultados financieros.
Ante esta realidad, la tecnología se perfila como el gran aliado. Soluciones como IFS Cloud permiten automatizar el cálculo de emisiones, consolidar datos de alcance 1, 2 y 3, y generar planes de reducción integrados con la operativa diaria. Con módulos ya desplegados para la gestión de la sostenibilidad y de las emisiones, las empresas pueden reducir costes administrativos —estimados en hasta 6.000 millones de euros anuales a nivel europeo tras la simplificación del marco regulatorio — y garantizar informes alineados con estándares como la CSRD o el nuevo registro español.
"La nueva normativa no solo implica un deber de cumplimiento. Marca una oportunidad para que las compañías refuercen su competitividad, ganen credibilidad ante inversores y clientes, y conviertan los datos de carbono en un motor de eficiencia y valor en la transición hacia una economía baja en emisiones", concluye Gonzalo Valle.
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